Contraloría detectó el pago de miles de millones de pesos a personas que no cumplían requisitos.
De acuerdo al documento, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) otorgó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; a otras que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios. Todos ellos no calificaban para el beneficio.
La suma total de esos pagos irregulares llega a $3.574.640.527. De ese monto, $436 millones se entregaron a contratados por empleador estatal; $580 millones a quienes no estaban cesantes y $2.560 millones a trabajadores a honorarios del Estado.
Todos esos dineros, según ordenó Contraloría, deberán reponerse en un plazo de 60 días.
Para ello, el Sence deberá revisar los montos entregados a empleadores estatales y solicitar a ellos que exijan el reintegro del beneficio a quienes recibieron el pago desde el 1 de agosto de 2021 y no cumplían con los requisitos.
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