Hasta los Tribunales de Justicia de Concepción llegaron los afectados por los oleajes en el sector de Boca Sur Viejo junto a dirigentes vecinales y el concejal de San Pedro de la Paz, Luis Islas Cofré, para interponer un recurso de protección en contra de la Armada de Chile. El motivo, lo explicó el edil, “es para que la Justicia responsabilice a esta institución por no fiscalizar oportuna y adecuadamente los trabajos de extracción de arena que, una vez realizados durante el primer trimestre de este año, dejaron el entorno abierto a inundaciones de espacios dedicados a la actividad hortícola (como ocurrió el fin de semana pasado) y daños a viviendas y negocios cercanos”.
En la ocasión, los vecinos acompañados y apoyados por el candidato a la alcaldía sampedrina, Luis Islas Cofré, manifestaron su descontento sirviendo en una mesa hortalizas embarradas, para así demostrar el perjuicio cometido a causa de la negligencia de la Armada y, también, de la Municipalidad de San Pedro de la Paz al no hacer lo suficiente para paralizar las faenas a tiempo: “Hoy, para peor, en plena pandemia, lamentablemente quienes tenían como único ingreso económico el vender hortalizas, finalmente lo perdieron todo. Por eso, con este recurso judicial, queremos evitar que se repita la historia y que se detengan y eviten las autorizaciones de las extracciones de áridos, para protegerles definitivamente la vida y sus propiedades a las cerca de 300 familias aledañas a esta playa”, sostuvo Islas.
El concejal recordó que “el 2 de febrero nos enteramos que la empresa del señor Miguel González Soto estaba sacando y cargando arena en camiones Tolva; a los pocos días le pedí explicaciones a la Armada por si la empresa contaba con los permisos y a través del capitán de Corbeta, Cristian Vidal Elías, por escrito me confirman que sí. Entonces, le solicité al alcalde Audito Retamal que derogara el permiso de tránsito de camiones y que tomara acciones legales para proteger a los vecinos de ese sector, denominado, Caleta Alto del Rey, pero no hizo nada”.
A lo anterior, Islas agregó: “Y hace pocos días, específicamente el 17 de julio, me respondió la Contraloría, a través del Ord. 3759, a una presentación que realicé, señalando que la Armada al no verificar que la empresa haya entregado el sector intervenido en las mismas condiciones que se encontraba al inicio de la extracción, ni tampoco se acreditara que se hayan realizado labores de fiscalización de los volúmenes efectivamente extraídos; es que (Contraloría) estaba impedida de verificar fehacientemente que la extracción se haya realizado en conformidad a las exigencias, límites y modalidad establecida en la autorización”.
Es por ello que, de acuerdo al concejal Islas, “con esta acción judicial iniciaremos también una serie de otros procesos que no sólo prevengan hechos catastróficos, sino que también quienes sean responsables reparen todo el daño causado por sus malas e inoportunas decisiones”, concluyó.