La Corte Suprema acogió este lunes el recurso presentado por víctimas de “violencia rural” para que la Delegación Presidencial del Biobío adoptara las coordinaciones necesarias para prevenir los ataques y atentados en la región.
El máximo tribunal decidió, en un fallo dividido, revocar la sentencia previamente dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, y acoger la acción cautelar. Esto porque consideró que en la zona “existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, psíquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes”.
Previamente, la Corte de Apelaciones penquista había revocado una medida de protección emitida por la Fiscalía Regional de Biobío. En esta se disponía a personal de Carabineros para hacer rondas periódicas en las propiedades de las “víctimas de violencia rural”.
A partir de aquello, los afectados decidieron interponer un recurso en contra de la Delegación.
El dictamen de la Corte Suprema se aplica sobre la actual Delegación Presidencial del Biobío, pese a que los recursos de protección interpuestos responden a hechos de violencia ejecutados durante 2021, es decir, en la administración del expresidente Sebastián Piñera.
De esta manera, la Suprema resolvió que “la Delegación Presidencial Regional, al tenor de sus facultades entregadas por la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, deberá –previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes– implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”.