¡Contento, Señor, contento! se manifestó el diputado RN por el distrito 20, Leonidas Romero, tras conocer la renuncia de la presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva, a raíz del dictamen de Contraloría donde se cuestionan sus vínculos con un estudio jurídico que representa a Hyundai Engineering & Construction en demanda contra el Estado.
«Más vale tarde que nunca, un dicho popular muy cierto. Me acabo de enterar de la renuncia al cargo de presidenta del directorio de ENAP, de la señora Loreto Silva. Cargo que, por Dios que le hizo daño a una empresa del Estado que viene con números rojos pero que se ha incrementado bajo la administración de este personaje» manifestó el parlamentario, quien se ha caracterizado por la lucha contra la corrupción, especialmente dentro de esta empresa estatal.
Y es que justamente, fue Romero quien solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la legalidad y posibles faltas a la probidad por el hecho de que Loreto Silva, presidenta del directorio de ENAP sea además, socia del estudio jurídico «Asesorías Bofill Escobar Limitada», que fue contratado por Hyundai Engineering & Construction, para demandar al Estado de Chile por el caso del Puente Chacao.
La respuesta de Contraloría fue contundente «esta Entidad de Control, cumple con expresar que lo anterior importa desconocer la aplicación de la ley N°18.575, cuestión que resulta inadmisible habida consideración que este último texto legal determina en forma clara los órganos y entidades que conforman la Administración del Estado, incluyendo expresamente a las empresas públicas creadas por ley, como es en el caso de ENAP. (…) como consecuencia de lo anterior, mediante una práctica como la descrita, se burla la prohibición en cuestión, produciéndose una situación de elusión de la ley, lo que debe ser remediado por la vía legislativa».
Debido a este «vacío legal» expresado por el organismo, Romero presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, para perfeccionar las normas sobre probidad administrativa y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública.
«Hoy día, el Contralor General me da la razón, al denunciar y al consultar si la ley de probidad está siendo obviada por parte de esta funcionaria pública, porque repito, ella era presidente del directorio de ENAP pero también participaba en otros directorios de empresas privadas y entre otros, de un estudio jurídico que precisamente estaba demandando al Estado, su empleador» puntualizó, Romero Sáez.
Cabe mencionar, que el diputado ha sido autor de diferentes denuncias e instancias donde se ha cuestionado el actuar de la ahora ex presidenta de ENAP. De hecho, impulsó una Comisión Investigadora en el Congreso por irregularidades en ENAP, sacó a la luz pública los más de 500 millones de pesos que se repartieron en bonos los altos ejecutivos de la empresa por concepto de «retención de talentos», cuestionó las millonarias pérdidas por compra de petróleo innecesario y mantención de barcos a la gira en el contexto de la pandemia, entre otros. Incluso, ha solicitado en varias ocasiones que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de dichas investigaciones.
«Con el categórico dictamen de Contraloría y la renuncia de Loreto Silva a la presidencia de ENAP, quien aprovechaba vacío legal para burlar ley de probidad, espero que el Gobierno ponga urgencia a mi proyecto de ley que impedirá otras Loreto Silva en la administración pública» finalizó.
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