Publicado el 8 julio, 2020 a las 2:13 pm / Destacamos / Noticias / 918 lecturas

Municipio de Coronel rebaja en $1.000 millones deuda de empresario investigado por lavado de dineros

Por: Prensa Radio Patagual

El municipio de Coronel rebajó de 1.100 millones de pesos, a sólo 100 millones la deuda del empresario Juan Alberto Scuncio con esa corporación edilicia, por el concepto de patentes o pagadas desde el año 2012.

Esto cuando funcionaba en la comuna la entonces embotelladora Llacolén, propiedad del empresario investigado por un presunto lavado de dinero.

Se trata de una deuda que se fijó en ese entonces en cerca de 400 millones de pesos, pero que aumentó por conceptos de reajustes e intereses, luego que la empresa no pagara los dineros.

Según señaló el diputado Leonidas Romero, cuando era alcalde en 2015 demandó al empresario, hecho por el cual un asesor del senador Alejandro Navarro se habría acercado a él, para pedirle retirar la demanda contra Scuncio.

Sin embargo, hace unos años se firmó un acuerdo el que ahora fue reescrito por el alcalde Boris Chamorro, el que fue aprobado este martes por cinco votos contra cuatro en el Consejo Municipal.

Ante esto hay quienes han calificado como una grave irregularidad administrativa este hecho, que pondría en riesgo el patrimonio de la Municipalidad de Coronel.

Los cuatro concejales que votaron en contra adelantaron que analizan ir a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, para que se revise dicho acuerdo que redujo de 1.100 millones de pesos a sólo 100 millones.

Los negocios de Scuncio e investigación

El empresario Juan Alberto Scuncio se adjudicó un contrato por más de 10 millones de dólares con el Gobierno de Chile para proveer 250 mil cajas de alimentos.

Además tiene negocios vinculados con Venezuela, como por ejemplo la explotación de urea, químico utilizado para la agricultura. También, entre los años 2018 y 2019 envió de miles de cajas de alimentos a dicho país.

Según informó Radio Bío Bío, Scuncio está bajo una investigación del Ministerio Público, por el eventual delito de lavado de dinero. Hecho que la Fiscalía Regional no habría querido confirmar ni desmentir.