La Municipalidad de Coronel enfrenta una grave crisis judicial y financiera, con una deuda consolidada que supera los $2.000 millones de pesos. La situación podría llevar incluso a una orden de arresto contra el alcalde por desacato, en caso de no concretarse un pago millonario a extrabajadores.
El Juzgado de Cobranza de Concepción ha ordenado a la municipalidad el pago de $808.889.239 a extrabajadores de la empresa Bau Arquitectura. Si el decreto alcaldicio que permita este pago no es emitido, el alcalde podría ser arrestado por desacato, según lo estipulado en el Art. 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el Art. 238 del Código de Procedimiento Civil. La legalidad del arresto dependerá de si la deuda se originó durante la actual administración.
Pero este no es el único frente de riesgo para la Municipalidad de Coronel. La Contraloría Regional ha exigido la devolución de $890.673.384 del programa ANUN, debido a irregularidades bancarias detectadas, y el informe (917-2024) ya fue remitido al Ministerio Público.
Además, el municipio enfrenta el embargo de una boleta de garantía por $350 millones correspondiente a la empresa Cerix. A esto se suma una demanda por tutela laboral (T-34-2024) presentada por el director de Control municipal, Cristian Pinto Garrido, quien solicita $30 millones y cuyo juicio está programado para el 15 de julio.
Como medida precautoria, un tribunal también ha dictado la prohibición de celebrar actos sobre dos pólizas de AVLA por UF 8.895. Finalmente, existe una deuda de $70 millones con la familia de un exfuncionario fallecido en la isla Roberto Hernández.
La magnitud de la crisis ha generado gran preocupación, especialmente entre los concejales Nur y Carvajal, quienes en el último concejo manifestaron que «esto no es solo una crisis presupuestaria, es una crisis institucional que puede terminar con autoridades detenidas». De acuerdo con el Art. 81 de la Ley N° 18.695, si el Concejo omite corregir el déficit advertido por el director de Control, tanto el alcalde como los concejales podrían ser considerados solidariamente responsables.
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