Una situación sin precedentes sacude los cimientos de la administración municipal de Lota. Lo que comenzó como una aparente «mejora vial» en el sector de Polvorín, hoy se ha transformado en una causa judicial que involucra el uso de vehículos municipales en el retiro de mobiliario de seguridad vial perteneciente a la Sociedad Concesionaria Costa Arauco.
La querella criminal, que ya fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Lota, pone en evidencia un modus operandi que ha dejado estupefactos a los fiscalizadores y a la comunidad por igual.
Según los antecedentes contenidos en la acción legal, los hechos habrían ocurrido en un periodo comprendido entre el 11 de octubre y el 19 de noviembre de 2025. La denuncia detalla que un camión de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Lota fue captado y utilizado para el retiro no autorizado de barreras de hormigón, técnicamente conocidas como «New Jersey», desde diversos puntos de la Ruta 160, específicamente en los sectores de Colcura y El Mirador.
El detalle que termina por cercar la responsabilidad institucional es la coincidencia en las fechas: la última sustracción reportada por la concesionaria ocurrió apenas 24 horas antes de que esas mismas barreras aparecieran instaladas en el acceso norte de Lota, en el sector de Polvorín. Lo más grave es que, según la querella, se habría utilizado el mismo vehículo de carga municipal tanto para el presunto hurto como para la instalación posterior.
El avalúo de las 18 barreras de hormigón sustraídas bordea los 7 millones de pesos. Si bien las barreras cumplen una función de seguridad crítica en las carreteras, su retiro sin autorización representa no solo un perjuicio económico para la empresa concesionaria, sino un riesgo vial en los puntos donde fueron removidas.
La querella presentada por Costa Arauco busca establecer la responsabilidad penal de «quienes resulten responsables», apuntando directamente a la cadena de mando que ordenó el uso del camión municipal y la ejecución de las faenas de traslado e instalación.
Con la querella ya admitida por el tribunal, los antecedentes han pasado a manos del Ministerio Público. La concesionaria ha solicitado formalmente una orden de investigar a las policías para determinar:
Quién dio la instrucción de utilizar el camión municipal para retirar bienes privados.
Si existe conocimiento por parte de las autoridades de alto mando sobre el origen de dichos materiales.
El posible delito de receptación o hurto de bienes de uso público/privado.
Este hecho abre un debate ético y legal sobre la gestión municipal en Lota. Si bien la instalación de barreras en Polvorín era una demanda de seguridad, la justicia deberá determinar si la administración «tomó el camino corto» incurriendo en delitos para subsanar carencias viales, utilizando para ello logística y personal pagado con los impuestos de todos los vecinos.
Por ahora, el silencio reina en las oficinas municipales mientras la PDI y Carabineros podrían iniciar diligencias en el aparcadero municipal para periciar el vehículo involucrado.
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