Publicado el 8 junio, 2026 a las 11:34 am / Breves / Destacamos / Noticias / 48 lecturas

Seremi y dirigentes apuran gestiones ante inminente cambio legislativo

Por: Prensa Radio Patagual

Una intensa carrera contra el tiempo es la que están viviendo los dirigentes de las ferias libres de la Región del Biobío. Con el 24 de junio fijado como la fecha límite en que comenzarán a regir de manera estricta una serie de modificaciones legales, el sector se encuentra en estado de alerta debido al profundo impacto que estas normativas prometen tener en su actividad comercial y en el sustento de miles de familias.

En este complejo escenario, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío, Cristián Cifuentes, sostuvo una crucial reunión de trabajo con Paola Wenchuman, destacada representante de los feriantes locales, con el objetivo de destrabar el conflicto y explorar alternativas que eviten un perjuicio definitivo para los trabajadores de la zona.

El compromiso de José Antonio Kast en la cuenca del Carbón

El origen de las actuales tratativas se remonta al pasado sábado 26 de abril, durante una masiva actividad que congregó a diversos sectores socioproductivos de la región junto al ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En dicha oportunidad, la dirigenta Paola Wenchuman expuso con total crudeza la vulnerabilidad en la que quedarían las ferias libres una vez que entraran en vigencia las nuevas exigencias legales. Ante el emplazamiento de las bases, Kast se comprometió de manera personal y directa a tomar cartas en el asunto, asumiendo la responsabilidad de buscar vías de apoyo y soluciones concretas para mitigar los efectos de la ley.

«El presidente [del partido] se comprometió a hacerse cargo para poder ir en apoyo de ustedes y resolver esta situación que los aqueja, la cual viene con esta ley que nosotros ya recibimos aprobada», reconoció el Seremi Cifuentes, evidenciando que el escenario legal actual es una herencia rígida pero que requiere atención política urgente.

La estrategia de las autoridades: Vía legislativa y la opción del decreto ejecutivo

El Seremi de Economía admitió públicamente que existió un retraso en la articulación de los contactos tras el mandato de Kast, ofreciendo las disculpas correspondientes a los gremios. Sin embargo, enfatizó que desde la institucionalidad se ha estado trabajando intensamente bajo un enfoque técnico para agotar todas las instancias posibles.

Actualmente, las gestiones se están desplegando en dos frentes paralelos:

  • La Vía Legislativa: Se han sostenido fluidas conversaciones con parlamentarios de la zona para impulsar una modificación de carácter urgente en el Congreso. Entre los legisladores que están siendo contactados para sumarse a esta causa transversal se encuentran las diputadas Joanna Pérez y Marlene Pérez, además de los diputados Roberto Arroyo y Francesca Muñoz (u otros parlamentarios del distrito), buscando consolidar un bloque que proponga un aplazamiento o flexibilización de la norma.

  • La Vía del Decreto Ejecutivo: En caso de que los tiempos legislativos no jueguen a favor antes del 24 de junio, el Gobierno Regional y los equipos técnicos evalúan solicitar una intervención a través de las facultades exclusivas del Presidente de la República, mediante un decreto que permita resolver la problemática de forma administrativa y perentoria.

Incertidumbre y esperanza en las bases

Por su parte, los representantes de las ferias libres valoraron la apertura al diálogo y la recepción en las oficinas de la Seremía de Economía, pero recalcaron que la angustia impera entre los comerciantes debido a la cercanía de la fecha límite.

«Esperamos recibir una respuesta lo más luego posible para poder estar tranquilos. Lo único que queremos todos mis colegas es tener la seguridad para continuar trabajando en paz», manifestaron desde la dirigencia al término del encuentro.

Con los días contados, la Región del Biobío se transforma en el epicentro de una discusión nacional respecto al futuro de las ferias libres: un patrimonio vivo de la economía popular que hoy exige certezas jurídicas para no ver frenada su histórica labor en los barrios de Chile.

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