Durante la Cuenta Pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el secretario de Estado enfatizó que habrá estricto control a las constructoras para evitar fallas estructurales y querellas o juicios para restituir inmuebles subsidiados a familias que verdaderamente lo necesiten.
En el marco de la Cuenta Pública Participativa del Minvu, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, dio a conocer los ejes prioritarios de su gestión, marcando un tono de alta exigencia fiscalizadora tanto hacia los privados encargados de la ejecución de obras como hacia el uso correcto de los beneficios estatales.
Uno de los pilares expuestos por el titular de la cartera fue la tolerancia cero a las irregularidades y fallas de construcción en los proyectos de solución habitacional. Poduje remarcó que se mantendrá una auditoría constante sobre las empresas adjudicatarias para garantizar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad. En casos de abandono de obras o deficiencias graves, la autoridad ratificó la salida de las empresas cuestionadas y la derivación de antecedentes a las instancias judiciales correspondientes.
Respecto al uso indebido del parque habitacional protegido, el ministro fue enfático al señalar que el Estado desplegará un plan de fiscalización intensivo sobre las viviendas y departamentos entregados bajo subsidios de vulnerabilidad social.
Sanciones y acciones legales: Se perseguirá la restitución de aquellos inmuebles que se encuentren desocupados, cedidos irregularmente o puestos en arriendo por parte de sus beneficiarios.
Prioridad a familias vulnerables: La medida busca iniciar los procesos judiciales y administrativos para restituir los subsidios o reasignar las propiedades a familias que lleven años en listas de espera, viviendo en condiciones de hacinamiento o pagando arriendos informales.
Enfoque en la propiedad: Desde el Minvu remarcaron que el objetivo central es resguardar el sentido de la vivienda social para quienes efectivamente la habitan y necesitan el apoyo del Estado.
El ministro Iván Poduje subrayó que la práctica de arrendar departamentos o casas sociales es un problema recurrente y visible en diversos sectores de la región y el país, donde grupos familiares o personas han accedido a beneficios habitacionales del Estado mediante información falsa o fraudulentas postulaciones.
Lucro e irregularidades: Desde el Minvu se advirtió que no se tolerará que viviendas destinadas a responder a una emergencia social sean utilizadas como un negocio de renta, patrimonio secundario o segunda vivienda.
Acciones judiciales: Las fiscalizaciones buscarán identificar estos casos de luctuación irregular para revocar los beneficios, interponer querellas cuando corresponda y reasignar de inmediato los inmuebles a familias vulnerables que de verdad requieren una solución para habitarla.