La reciente muerte de dos hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del Estadio Monumental, sumada a una seguidilla de hechos de violencia en recintos deportivos, representa mucho más que una tragedia puntual. Es el reflejo de una crisis estructural que ha afectado por años al fútbol chileno y que hoy, con el anuncio del fin del plan Estadio Seguro por parte del Gobierno, obliga a replantear el rol del Estado en la seguridad de los eventos masivos.
Como ciudadano, como aficionado y como administrador público, me cuesta aceptar que el fútbol, ese espacio que históricamente ha unido a generaciones, sea hoy un terreno donde la violencia parece institucionalizada. No es normal que la asistencia a un estadio sea un acto de riesgo, que las familias desistan de asistir, o que niños crezcan sabiendo que el deporte puede ser sinónimo de muerte.
La decisión del Ejecutivo de poner fin al programa Estadio Seguro no es menor. Según lo declarado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el plan «ha fracasado» en su estructura, diseño y resultados. El gobierno plantea ahora que la seguridad de los partidos debe abordarse como parte de la gestión general de eventos masivos.
Si bien es saludable reconocer cuando una política pública no da resultados, también es legítimo exigir claridad respecto a lo que viene. Porque desmontar una estrategia sin presentar una alternativa concreta genera incertidumbre y transmite un mensaje preocupante: que frente a un problema grave y sostenido, la respuesta del Estado sea desarticular en lugar de reformular con mayor convicción.
Durante años, Estadio Seguro recibió críticas por su falta de eficacia, por su débil coordinación con los clubes y por respuestas tardías frente a hechos delictuales. Pero su eliminación sin una nueva estructura a la vista parece más una rendición que una evolución.
En ese contexto, el desafío no es simplemente eliminar una figura administrativa. Es rediseñar, con seriedad y responsabilidad, un sistema integral de seguridad en el deporte. Esto implica fortalecer la ley, asegurar la trazabilidad de los responsables de violencia, empoderar a los municipios, mejorar los protocolos de ingreso y salida, y avanzar hacia una coordinación efectiva entre clubes, Carabineros, delegaciones presidenciales y fiscalías.
La violencia en el fútbol no se combate solo desde lo policial. Es un fenómeno social, cultural y estructural que requiere políticas intersectoriales, inversión sostenida y voluntad política.
Chile necesita un modelo que garantice que los estadios sean espacios seguros, inclusivos y familiares. Terminar con el miedo, no con los planes.
Por Cristóbal Cifuentes Rivera
Administrador Público – Docente Universidad San Sebastián
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