El Consejo de Defensa del Estado (CDE) está analizando solicitar medidas cautelares privativas de libertad, incluyendo la prisión preventiva, para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y otros imputados en la causa conocida como el caso de la embotelladora Llacolén, donde se investiga un presunto fraude al fisco.
La investigación, que se formalizará el próximo 29 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Coronel, se originó a partir de una querella presentada por el CDE a fines de 2024. Los imputados son el alcalde Chamorro, el exdirector jurídico Cristián Pinto, y cuatro concejales, acusados de aprobar la condonación de una millonaria deuda de $1.200 millones en concepto de patentes comerciales a la empresa en 2020.
El abogado del CDE, Georgy Schubert, confirmó la evaluación de las cautelares, señalando que la institución busca que «todas esas investigaciones lleguen a puerto y que todos los funcionarios públicos que cometieron ilícitos respondan por este hecho». Añadió que las medidas solicitadas serán «proporcionales a los graves delitos investigados».
Este caso se suma a los cargos que ya enfrenta el alcalde Chamorro por cohecho en el denominado caso Puerto Coronel, lo que podría agravar su situación judicial. La condonación a la empresa Llacolén, que según la investigación rebajó la deuda de $1.200 millones a una cifra mínima, ha generado una nueva arista de tensión política y judicial en la comuna, mientras el CDE y la Fiscalía continúan indagando otros casos pendientes en la corporación edilicia.
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