La catástrofe provocada por los incendios forestales, donde se ha visto afectada principalmente la provincia de Concepción, no solo arrasó con miles de hectáreas, viviendas e infraestructura, sino que expuso, nuevamente, una deuda estructural del Estado y de la sociedad: la dificultad para incorporar a la niñez como un eje central en la gestión de emergencias.
Niños y niñas que tuvieron que enfrentar las llamas y evacuar junto a sus familias, muchos de ellos en casas de familias o albergues que antes fueron sus escuelas, han tenido que ver cómo las pocas plazas o canchas disponibles en sus territorios, hoy son centros de acopios de ropa o, peor, de escombros.
Desplazados de sus comunidades, sin acceso a los servicios básicos y sin posibilidades de retomar una rutina, esa ruptura violenta del orden social al que acostumbraban, es también un trauma en sí mismo, uno que no se repara con actividades esporádicas de recreación, sino con una planificación que considere la preparación para la emergencia, la gestión y la restauración de los derechos de la niñez.
Cuando niños, niñas y adolescentes no son considerados en la reconstrucción, no se promueve con ellos una ciudadanía activa para resignificar esta tragedia, no se les ve, no se les nombra, se comete uno de los crímenes más comunes en épocas de emergencias: la invisibilización de un grupo social que ya es altamente vulnerado en la cotidianeidad y, como ya sabemos, todo aquello que no se nombra, no existe.
Para evitar la violencia residual de abusos y violencias en contra de niños, niñas y adolescentes, que es un habitué en épocas de emergencia, situación latamente graficada por la UNICEF y la misma Defensoría de la Niñez de Chile, hagamos la diferencia y reconstruyamos con enfoque de niñez. Que las plazas, las canchas y las escuelas se vuelvan a repletar, que la intervención psicosocial sea permanente y, por supuesto, que la protección de los derechos de la niñez no dependa de la voluntad de voluntarios o de organizaciones sociales, sino parte estructural del diseño y ejecución de la respuesta institucional y comunitaria.