Landes demanda al Estado de Chile por perjuicios asociados a nuevo Fraccionamiento Pesquero y exige indemnización de más de US$ 70 millones

·       La demanda busca que los tribunales reconozcan la ilegalidad y el daño patrimonial provocado por la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, particularmente en el caso de la pesquería del jurel, y que se ordene la correspondiente compensación. 

·       “Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes a través de una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”, afirmó David Cademartori Gamboa, abogado de Barros & Errázuriz. 

·       “Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, sostuvo Andrés Fosk Belan, CEO de Landes.

La empresa pesquera Landes presentó una demanda indemnizatoria contra del Estado de Chile, solicitando una reparación ascendiente a US$ 70 millones 188 mil, producto de los perjuicios económicos ocasionados por la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, legislación impulsada por el Gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric.

La acción ingresada ayer por Landes y acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago, se fundamenta en que el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización. Ello, según señala la demanda, vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía, particularmente por el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel.

David Cademartori Gamboa, abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina encargada de la tramitación, precisó que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile. Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

Para la empresa con asiento en Talcahuano, la reducción de cuotas compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave, como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado, e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria, que impacta negativamente en la sostenibilidad del negocio y creación de empleo.

Andrés Fosk Belan, CEO de Landes, sostuvo que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente. Lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”.

“Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no sólo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Biobío”, agregó.

Golpe al jurel chileno

Landes advierte que el nuevo fraccionamiento pesquero constituye un golpe para el jurel chileno, pesquería que se encuentra en óptimas condiciones de sostenibilidad y atraviesa una ventana internacional favorable con apertura de nuevos mercados por escasez de sustitutos. Sin embargo, a nivel local, enfrenta una legislación restrictiva, que limita su desarrollo para consumo humano y lo destina a ser procesado preferentemente como harina de pescado.

“Estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor. No se puede hablar de crecimiento y empleo y al mismo tiempo debilitar al jurel chileno y a un sector productivo que opera en regiones gravemente afectadas por la desindustrialización, como lo es la del Biobío”, afirmó Andrés Fosk.

La amenaza persiste

El CEO de Landes abogó por certeza regulatoria para el desarrollo de la pesca industrial, sector clave de la economía nacional que solo en el Biobío, capital pesquera de Chile, emplea a más de 6 mil personas, la mayoría de ellas mujeres. “Llamamos al próximo Congreso y a la administración entrante a generar condiciones políticas y certezas regulatorias para el desarrollo de la pesca industrial, una de las vocaciones productivas más importante del país, que encadena pymes y oportunidades para comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé, todas con enormes necesidades”.

Fosk alertó que los problemas para la pesca industrial se mantienen por el legado legislativo que dejará el Gobierno del Presidente Boric. “La discusión en torno a una nueva Ley de Pesca se mantiene vigente y representa una amenaza más grave aún para nuestro sector. Es urgente que se analice el trámite de la nueva Ley de Pesca y creemos que la próxima administración puede jugar un rol preponderante en aquello, dando una señal para volver a crecer, volver a ser estables para que las empresas volvamos a invertir, generar valor en regiones y más empleos”, sentenció.