El gremio de microbuseros advierte un déficit financiero insostenible debido al precio del petróleo. Mientras algunos empresarios exigen revisar las tarifas, el Gobierno apuesta por una compensación tarifaria para evitar un impacto directo en los usuarios.
El sostenido incremento en el valor de los combustibles ha generado una tormenta perfecta para el transporte público en la Región del Biobío. Los dirigentes y empresarios del sector han manifestado su profunda preocupación, argumentando que el actual esquema de costos —con pasajes fijados por el Ministerio de Transportes— está asfixiando las finanzas de las líneas de taxibuses.
Uno de los testimonios más crudos de esta realidad proviene de Arturo Giusti, representante legal de Transportes Santa Juana. Según el dirigente, el escenario es crítico: solo el alza reciente del petróleo le significará a su empresa un costo operacional adicional de $25 millones mensuales.
«Es un dinero que simplemente no tengo», aseguró Giusti, subrayando que la estructura de costos ya no resiste más dilaciones. El empresario instó a las autoridades a realizar un estudio técnico del polinomio (fórmula de cálculo de costos) contemplado en sus contratos. «Las alternativas son dos: o se aumenta el valor del pasaje o se inyecta un monto mayor de subsidio estatal», sentenció.
Frente a este emplazamiento, el Seremi de Transportes, Henry Campos, cerró la puerta a cualquier incremento inmediato en las tarifas pagadas por el público, calificando la medida como «inviable». No obstante, la autoridad ofreció una vía de alivio basada en los mecanismos contractuales vigentes.
Campos explicó que el sistema contempla una compensación tarifaria, pero que esta no es instantánea.
Cálculo: El polinomio que regula los pagos se ajusta según variables internacionales y locales.
Tiempo: Existe un desfase técnico de casi dos meses antes de que el aumento en los costos del petróleo se refleje en el monto del subsidio que el Estado transfiere a los empresarios.
Compromiso: El Seremi aseguró que los montos aumentarán automáticamente cumplido ese plazo, mitigando el impacto en los operadores.
El pasado jueves 30 de abril marcó un hito en este conflicto con el cierre del plazo para postular a los subsidios especiales por el alza de bencinas. Este proceso ha generado movimientos diversos dentro del parque automotriz regional:
Giro de estrategia: De las 40 empresas que inicialmente habían anunciado un alza de tarifas en el Biobío para paliar sus pérdidas, 10 decidieron anular dicha medida con el fin de calificar para los beneficios estatales.
Adhesión masiva: El Seremi Campos calificó el proceso como «exitoso», destacando que la mayoría de los transportistas optó por la estabilidad tarifaria a cambio de la inyección de recursos del Gobierno.
El grupo disidente: Sin embargo, existe un número no menor de empresas que han decidido mantenerse al margen del subsidio. Para estas líneas, el incremento en el precio del pasaje sería inminente, al no contar con el respaldo financiero del Estado para absorber las pérdidas.
La mirada de los gremios está puesta ahora en la agilidad con la que el Ministerio de Transportes logre liquidar los fondos de compensación. Mientras tanto, el usuario final permanece a la expectativa de si su línea habitual de transporte mantendrá el valor del pasaje o si se sumará a las empresas que optarán por el reajuste ante la presión del crudo.