La tragedia en Pitrufquén y la deuda moral de Chile con sus adultos mayores

El devastador incendio que cobró la vida de 16 personas en un hogar de ancianos en la comuna de Pitrufquén ha estremecido al país entero y ha calado con profunda consternación en la Región del Biobío. La magnitud de la tragedia no solo genera un doloroso luto colectivo, sino que vuelve a exponer de manera cruda y sangrienta las grietas de un sistema que, de forma reiterada, abandona a sus adultos mayores en el momento más vulnerable de sus vidas.

Más allá de los peritajes técnicos y las investigaciones judiciales en curso para determinar el origen de las llamas, lo ocurrido en Pitrufquén no puede analizarse como un hecho aislado o una lamentable casualidad. La imposibilidad de rescate y la vulnerabilidad de las víctimas son el síntoma visible de una precariedad estructural en la infraestructura, fiscalización y capacidad de respuesta de los recintos de larga estancia en nuestro país.

Las palabras del Cardenal Fernando Chomalí apuntan al centro del problema al catalogar la situación como una «vergüenza nacional» y advertir que «no es la primera vez y no será la última» si no existen cambios de fondo. La vejez en Chile se ha transformado para muchos en un espacio de invisibilidad y desamparo, donde la falta de recursos y el déficit de controles rigurosos terminan por poner en riesgo la vida de quienes dedicaron sus mejores años a levantar a sus familias y a la patria.

Ante este panorama, los anuncios del Presidente José Antonio Kast —al ordenar revisiones de urgencia a los hogares a nivel nacional, fortalecer las fiscalizaciones y colaborar con la justicia para esclarecer las fallas preventivas— constituyen la reacción institucional mínima y requerida ante una emergencia de esta envergadura. No obstante, la ciudadanía y los medios de comunicación tenemos el deber de recordar que las medidas reactivas no bastan. Las auditorías e inspecciones no pueden activarse únicamente al ritmo de las tragedias.

Una sociedad que no es capaz de garantizar dignidad, cuidado y seguridad a sus adultos mayores falla en sus cimientos más básicos. Las 16 vidas arrebatadas en Pitrufquén exigen más que oraciones, condolencias y compromisos discursivos; exigen una transformación profunda en las políticas públicas de protección al adulto mayor, un control implacable a las instituciones de cuidado y responsabilidades administrativas y penales claras. Garantizar una vejez segura no es una concesión asistencial, sino un imperativo ético y un deber de Estado insoslayable.