La reciente y demoledora fiscalización de la Contraloría General de la República —que alzó las alarmas a nivel nacional tras detectar a más de 480 funcionarios públicos suspendidos de sus cargos que continúan percibiendo sueldo de forma íntegra, incluyendo casos con más de tres y cuatro años de inacción— encuentra en la Municipalidad de Coronel uno de sus retratos más críticos e indiscutibles.
Mientras el organismo contralor exige explicaciones y medidas drásticas a nivel central por el millonario perjuicio fiscal que representa pagar remuneraciones sin contraprestación laboral, en las dependencias municipales de Coronel la paralización de las investigaciones internas no es un hecho aislado: es un patrón sistemático de negligencia administrativa e impunidad.
Un análisis de la situación administrativa interna deja en evidencia una realidad preocupante. Lejos de actuar con el rigor, la ética pública y la celeridad que exige la ley, la casa edilicia acumula decenas de sumarios administrativos e investigaciones sumarias estancadas que sobrepasan con creces cualquier plazo legal aceptable.
Existen expedientes vigentes que datan de los años 2020 y 2021, manteniéndose en una nebulosa jurídica por más de cuatro años. Esta inacción priva de resoluciones definitivas tanto a la comunidad —que exige transparencia y sanciones frente a probables faltas graves— como a los propios involucrados, vulnerando directamente el principio elemental del debido proceso.
El estancamiento abarca diversas reparticiones estratégicas de la administración local, afectando de manera severa al personal de la Dirección de Salud Municipal (DAS) y al estamento de funcionarios del propio municipio.
La gravedad de este colapso procedimental aumenta al revisar la materia de los expedientes paralizados. La desidia no discrimina tipo de falta: bajo las carátulas que perpetuamente figuran como «en etapa investigativa», «en proceso» o «pendiente de resultado», se encuentran investigaciones por serias irregularidades presupuestarias y de gestión, así como también gravísimas denuncias vinculadas a eventuales casos de maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual dentro del aparataje municipal.
Resulta inaceptable que causas de extrema sensibilidad, donde existen probables víctimas e imputaciones de conductas indebidas en el ejercicio de la función pública, permanezcan en los cajones municipales por años, amparadas en una pasividad fiscalizadora que raya en la complicidad institucional.
La inercia en la resolución de estos procesos disciplinarios no solo atenta contra el correcto funcionamiento de los servicios públicos comunales, sino que también genera un daño irreparable a la credibilidad de las instituciones locales.
Tal como lo ha remarcado la Contraloría General de la República en su informe nacional, mantener procesos sumarios indefinidamente sin llegar a un dictamen final o sin aplicar las sanciones correspondientes constituye una falta directa a la probidad administrativa y un eventual menoscabo al patrimonio de todos los contribuyentes. En Coronel, el tiempo pasa, los decretos se acumulan y la respuesta de las autoridades ante las irregularidades internas sigue brillando por su ausencia.
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