Publicado el 20 octubre, 2026 a las 8:53 am / Breves / Destacamos / Noticias / 262 lecturas

Caso Puerto Coronel: Defensas cuestionan altas penas solicitadas por la Fiscalía de cara al juicio oral

Por: Prensa Radio Patagual

El Juzgado de Garantía notificó la acusación del Ministerio Público contra siete imputados en la causa que indaga delitos de cohecho, soborno y administración desleal. La audiencia de preparación de juicio quedó fijada para mediados de noviembre.

Tras el cierre de la indagatoria por el bullado Caso Puerto Coronel, las defensas de los imputados fueron formalmente notificadas de la acusación presentada por el Ministerio Público, manifestando su abierto rechazo y cuestionando las severas penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía para los involucrados.

El libramiento del escrito ingresado por la fiscal Glenda Lagos apunta a llevar a juicio oral a un total de siete personas, cuyas penas varían de manera drástica según el grado de participación y los delitos pesquisados, que van desde el cohecho y el soborno hasta la administración desleal, el uso de facturas falsas y delitos tributarios.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público

De acuerdo con la acusación formal, las solicitudes de presidio más altas recaen sobre los exejecutivos de la portuaria:

  • Eduardo Hartwig (exgerente): Enfrenta una petición que suma hasta 38 años de cárcel por delitos como soborno, administración desleal y infracciones tributarias.

  • Boris Chamorro (Alcalde de Coronel): La Fiscalía solicita 8 años de presidio tras acusarlo de 21 delitos reiterados de cohecho, además de una inhabilitación por más de 12 años para ejercer cargos públicos.

  • Eduardo Araya (Exconcejal): Arriesga también 8 años de cárcel por 29 delitos de cohecho reiterado.

  • Otros involucrados: Las solicitudes de pena también alcanzan a otros exejecutivos y proveedores, destacando los montos requeridos para Daniel Chamorro (28 años) y Javier Anwandter (18 años).

La respuesta de las defensas

Tras conocerse los detalles de la acusación, los equipos jurídicos cuestionaron los cálculos y la apreciación de los persecutores penales.

En el caso del exconcejal Eduardo Araya, su abogado defensor, Andrés Cruz, admitió la recepción de dineros, pero defendió su absoluta inocencia al sostener que correspondían a contraprestaciones por trabajos legítimos realizados de manera paralela para el recinto portuario.

“Nos parece una petición completamente desproporcionada respecto de una persona que tenía facultades legales para poder desenvolverse en trabajos paralelos […] y sin perjuicio de que simplemente se optó por seguir las instrucciones que se le habían conferido para emitir los documentos tributarios respectivos”, argumentó el jurista.

En la misma línea, Gastón Barril, abogado defensor de Daniel Chamorro, cuestionó el criterio de la indagatoria: “Ellos son soberanos en solicitar al tribunal la pena que estimen conveniente […]. Obviamente nosotros no compartimos la totalidad de la apreciación del Ministerio Público”, aseveró.

Próximas coordenadas judiciales

Con la notificación ya efectuada, el tribunal fijó para el próximo 13 de noviembre la audiencia de preparación del juicio oral.

En la misma jornada, el tribunal agendó un debate clave solicitado por las defensas de otros dos imputados —el exproveedor Hernán Romero y el exgerente Eduardo Hartwig—, quienes buscarán concretar la reapertura de la investigación para evacuar una serie de diligencias pendientes antes de enfrentar el estrado.