Boris Chamorro recurre al Tribunal Constitucional para evitar la suspensión de su cargo por el Caso Puerto

Un nuevo y tenso capítulo suma el denominado Caso Puerto Coronel. Esta vez, el alcalde Boris Chamorro decidió jugarse sus últimas cartas institucionales al presentar un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando frenar de manera inmediata la suspensión de su cargo como jefe comunal tras la acusación penal presentada en su contra por el Ministerio Público.

La arremetida judicial, patrocinada por el reconocido abogado Fernando Saenger, apunta directamente contra los artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de la Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales que gatillan la pérdida temporal del cargo municipal una vez formulada la acusación fiscal.

Una «pena anticipada» y vulneración a la presunción de inocencia

El escrito presentado ante el TC califica la inminente suspensión del alcalde como una medida desproporcionada que «vulnera la Constitución», argumentando que se le impone al edil una sanción antes de que exista un juicio oral o una sentencia condenatoria firme.

Entre los principales argumentos expuestos por la defensa de Chamorro destacan:

• Infracción a la presunción de inocencia: Se denuncia que apartar al alcalde de sus funciones equivale a aplicar una pena por adelantado, basándose únicamente en la postura de la Fiscalía y no en un fallo judicial.

• Atentado a la soberanía popular: La defensa recalca que suspender a la autoridad electa menoscaba el mandato democrático entregado por los vecinos en las urnas sin que la imputación penal haya sido juzgada.

• Desigualdad ante la ley: El recurso evidencia un trato discriminatorio respecto a otros cargos de representación popular, señalando que diputados o senadores acusados por los mismos delitos (como cohecho) no sufren la suspensión automática de sus cargos mientras no se resuelva definitivamente la causa en los tribunales.

La jugada para congelar el envío de antecedentes al Servel

La acción judicial busca que el Tribunal Constitucional ordene la suspensión inmediata del procedimiento, impidiendo que se notifique al Servicio Electoral (Servel) sobre la acusación y se concrete la salida temporal del jefe comunal.

Esta ofensiva legal se da en un momento clave, a pocas semanas de que se lleve a cabo la audiencia de preparación del juicio oral por el Caso Puerto Coronel, fijada para noviembre, donde además se evaluará la eventual reapertura de la investigación.

El fallo del TC no solo definirá el futuro político inmediato de Boris Chamorro al mando del municipio, sino que podría sentar un precedente clave sobre el alcance de las acusaciones del Ministerio Público frente a las autoridades de elección popular en Chile.