Un duro informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló importantes fallas en la ejecución, rendición y fiscalización de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía entre 2017 y marzo de 2026.
A nivel nacional, el Estado transfirió un total de $33.647 millones a los municipios para planes de esterilización, rescate, educación y control de la población animal. Sin embargo, 162 corporaciones edilicias no respondieron a los requerimientos de información del ente contralor sobre el uso de más de $16.000 millones entregados por la Subdere.
La Región del Biobío es una de las zonas donde se evidenciaron mayores debilidades de control y seguimiento de los recursos.
En la región, 12 municipalidades no contestaron a la Contraloría sobre el destino de $1.508 millones. Casualmente, estas mismas 12 comunas tampoco respondieron si cuentan con un lector de chip para mascotas.
El detalle de los montos cuestionados por comuna es el siguiente:
San Pedro de la Paz: $253 millones
Concepción: $196 millones
Tomé: $188 millones
Coronel: $172 millones
Hualpén: $156 millones
Los Alamos: $153 millones
Cabrero: $96 millones
Santa Bárbara: $90 millones
Contulmo: $69 millones
San Rosendo: $63 millones
Alto Biobío: $34 millones
Antuco: $33 millones
El informe también expone que siete comunas de la región (Tucapel, Quilaco, Mulchén, Cañete, Curanilahue, Nacimiento y Florida) declararon no haber realizado jornadas de rescate animal ni de control de población, a pesar de recibir $764 millones de la Subdere desde 2022.
Por otra parte, las comunas de Tucapel y Negrete confirmaron que no disponen de lectores de chip, mientras que Los Ángeles, Lebu y Lota mantienen caniles que operan sin estar inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
Uno de los puntos más críticos a nivel país apunta a la seguridad pública y el registro de mascotas catalogadas como potencialmente peligrosas:
La brecha del adiestramiento: De los cerca de 40 mil animales registrados bajo esta categoría en Chile, apenas 748 tutores han cumplido con el curso obligatorio de adiestramiento exigido por la ley.
Ante este escenario que pone en riesgo tanto el bienestar animal como la salud pública, la CGR anunció acciones inmediatas:
Auditoría a la Subdere: El organismo fiscalizador realizará una fiscalización directa a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para evaluar las fallas en el seguimiento de las transferencias.
Plazo fatal para Ordenanzas: Todos los municipios del país que aún no posean una ordenanza de tenencia responsable deberán tramitarla y aprobarla en un plazo máximo de 90 días hábiles. En el caso de la Región del Biobío, esta medida aplica directamente a la Municipalidad de Cabrero, la única de la zona que carece de este reglamento.
