Un profundo cuestionamiento político y técnico envuelve al Concejo Municipal de Coronel tras la reciente aprobación de 208 millones de pesos provenientes del presupuesto de la comuna para la Escuela Rosa Medel. La medida ha encendido las alarmas del control ciudadano, toda vez que se trata de un proyecto de infraestructura cuya ejecución fue financiada de manera íntegra mediante fondos privados donados por la empresa Enel.
El origen del financiamiento privado se remonta a una polémica modificación del convenio original con Enel, visada por la concejala Valeska Carrillo. Dicha modificación significó una severa reasignación de recursos que inicialmente estaban destinados a la construcción del Parque Aroldo Figueroa, bajo el argumento oficial de que los dineros presupuestados originalmente no alcanzaban para cubrir la edificación del establecimiento educacional. Tras este ajuste, se suscribió un contrato por $3.853 millones con la constructora Pulmahue. Posteriormente, y de forma externa al Concejo Municipal, el presupuesto sufrió un incremento de 300 millones de pesos adicionales sin autorización, sumándose ahora esta nueva partida de 208 millones visada por los ediles para seguir pagando una obra que técnicamente ya se encuentra terminada y con Recepción Definitiva desde el 29 de abril de 2026.
La gravedad del caso radica en las inconsistencias detectadas al revisar los respaldos públicos del municipio. Cualquier ciudadano o autoridad fiscalizadora puede verificar el vacío documental siguiendo la ruta oficial de Transparencia Activa de la Municipalidad de Coronel:
En lugar del documento que valide legalmente las obras ejecutadas, el único certificado que figura ingresado bajo esa fecha es el 022on/2026, un acta administrativa que no guarda relación alguna con la modificación estructural del recinto educativo.
El cuestionamiento técnico apunta a que la ampliación de la Escuela Rosa Medel contempló una modificación de 333,37 metros cuadrados de superficie. De acuerdo con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), un aumento relevante de metros cuadrados no califica en absoluto bajo los criterios de «modificaciones menores» contemplados en el Artículo 5.2.8 de la normativa, los cuales permiten aprobaciones expeditas en un plazo de 24 horas.
Por el volumen y la magnitud de los 333 metros cuadrados construidos, la legislación exige una tramitación formal de modificación de proyecto, la cual requiere la presentación de planos, memorias de cálculo, informes de revisores independientes y la respectiva resolución aprobatoria firmada por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Al no figurar dicha resolución en los registros oficiales, se configura una presunción seria de procedimiento irregular, toda vez que la obra pasó directamente desde el permiso de edificación original a la recepción definitiva sin registrar la modificación intermedia que se ejecutó de forma material.
La aprobación de estos 208 millones de pesos pone en entredicho las competencias técnicas y el rigor de los integrantes del Concejo Municipal. Al visar la entrega de recursos fiscales, los ediles omitieron el hecho de que el 29 de abril de 2026 ya se había emitido el certificado de recepción definitiva de la obra, documento que acredita legalmente que la construcción cumple con todas las normativas y está terminada, imposibilitando la inyección posterior de fondos para pagos pendientes de edificación.
La ausencia de informes técnicos rigurosos, decretos de respaldo y una debida visación del proceso contable previo a la votación expone una preocupante falta de preparación y rigurosidad en la administración de los fondos públicos de Coronel, aprobando montos millonarios para obras cuya trazabilidad financiera e impositiva permanece bajo sospecha de irregularidad.
