Una profunda preocupación e incertidumbre se ha instalado en las comunas del Gran Concepción tras la sorpresiva decisión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de cambiar la modalidad de ejecución de los esperados corredores de transporte público para la Ruta 160 y la Ruta 150 (Autopista Concepción-Talcahuano).
A pesar de que el proceso de licitación ya se encontraba en su etapa final y el Consorcio Electro-Cointer (Grupo Azvi) había resultado adjudicatario tras ser el único oferente, el Ejecutivo frenó el modelo de concesiones privadas. En su lugar, el Gobierno anunció que las obras serán asumidas directamente por el MOP a través de la Dirección de Vialidad.
La medida encendió de inmediato las alarmas en la Región del Biobío debido a la falta de certezas sobre el presupuesto disponible y los plazos reales de construcción.
Para abordar el impacto de esta decisión, el gobernador regional, Sergio Giacaman, convocó a una cumbre estratégica que reunió a alcaldes de la zona, gremios productivos y representantes de la academia. El mensaje hacia el nivel central fue categórico: la región no acepta el cambio de reglas a mitad de camino.
«Nosotros tenemos la convicción como región de que no estamos conformes con la propuesta que hace el Gobierno. Primero, con que no se iba a hacer, y posteriormente con la propuesta que se nos ha planteado de manera inconclusa», enfatizó Giacaman.
Ante el complejo escenario, el gobernador señaló que las miradas están puestas en la visita oficial que el Presidente de la República realizará a la zona el próximo 21 de agosto, acompañado por el biministro de Obras Públicas y Transportes.
«Esperamos que en esa visita (…), de la mejor manera posible y en un diálogo fructífero, se nos plantee una solución contundente que nos dé la tranquilidad de que en los plazos acordados, o sea al 2031, el Estado de Chile va a terminar de ejecutar en la modalidad que resuelvan», remarcó la autoridad regional.
Las autoridades locales coincidieron en que abandonar el modelo de concesiones compromete seriamente la puesta en marcha de los proyectos, afectando de manera directa la movilidad de miles de vecinos.
El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, fue drástico al evaluar el impacto del cambio administrativo:
«Cualquier alternativa a la que hoy está para la firma (concesión) no le sirve a la Región del Biobío, porque desplazará en unos cuatro años el inicio de operaciones de las rutas», advirtió el jefe comunal.
Por su parte, el alcalde de Lota, Jaime Vásquez, enfatizó la dimensión humana y de seguridad pública de estas carreteras:
«Estos proyectos tienen que ver con la vida de las personas, el riesgo de accidentes y los tiempos de traslado», argumentó.
El conflicto no solo moviliza al sector político, sino también al mundo empresarial. Durante la reunión se acordó redactar una declaración conjunta regional, un informe técnico impulsado por las multinacionales y gremios privados, además de un pronunciamiento académico sobre la urgencia vial de la zona.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Concepción, su presidente Rodrigo López relacionó la infraestructura vial con la futura expansión urbana de la provincia:
«Acabamos de lanzar un visor de suelos, el que nos indica que los suelos disponibles estarán en San Pedro de la Paz y Coronel. Lo importante es que el Estado llegue antes que los privados para que dé las garantías y facilidades. Las demandas habitacionales van a crecer para ese sector», concluyó López.
Cambio de modelo: El MOP descarta la concesión privada (Grupo Azvi) y pasa la obra a la Dirección de Vialidad.
Plazo límite exigido: La región exige que los corredores estén operativos a más tardar el 2031.
Riesgo edilicio: Alcaldes advierten un posible atraso de hasta 4 años si no se firma la concesión actual.
Fecha decisiva: El 21 de agosto se espera que el Ejecutivo presente una propuesta concreta durante la visita presidencial al Biobío.
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