A la quinta vencida: Este lunes y martes se define el futuro judicial del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por millonario fraude al fisco

Tras un extenso camino de tropiezos procesales, el Ministerio Público concretará finalmente la formalización contra el jefe comunal y otros cinco implicados. La Fiscalía evalúa solicitar medidas cautelares privativas de libertad, mientras la defensa blande argumentos basados en informes técnicos y la prescripción del delito.

Un pulso judicial que entra en su hora clave

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes y martes, el Juzgado de Garantía de Coronel será el escenario de una de las audiencias más complejas y de mayor impacto político en la Región del Biobío. El alcalde Boris Chamorro enfrentará formalmente los cargos de fraude al fisco, en el marco del bullado caso ligado a la Embotelladora Llacolén —propiedad de Alberto Scuncio—, una causa que investiga una cuestionada condonación tributaria por 1.200 millones de pesos en concepto de patentes comerciales, aprobada por el concejo municipal en 2020.

El panorama para el jefe comunal es de alta tensión: tras conocer que arriesga hasta 8 años de cárcel, el propio Chamorro ha roto el silencio asegurando públicamente que «llegó la hora de hablar», anticipando un enfrentamiento directo en los tribunales.

El historial de las trabas: El quinto intento de la Fiscalía

Llegar a esta instancia no ha sido un camino fácil para el persecutor penal. Se trata, concretamente, del quinto intento del Ministerio Público por formular cargos y solicitar medidas cautelares.

Desde que la causa fue abierta en el Juzgado de Garantía de Coronel, el proceso ha permanecido virtualmente paralizado durante dos años debido a una seguidilla de escollos procesales:

• La falta de jueces disponibles en el tribunal.

• Reclamos de las defensas por el no acceso completo a la carpeta judicial virtual.

• La prolongada licencia médica del abogado Waldo Ortega, representante legal del jefe comunal.

Sin embargo, los obstáculos parecen haber quedado atrás. La fiscal anticorrupción Glenda Lagos adelantó que, ante la gravedad de los antecedentes recopilados, el organismo persecutor evaluará solicitar medidas cautelares de carácter privativo de libertad, sin descartar la prisión preventiva.

Los imputados y el fantasma de la prescripción

El banquillo de los acusado no estará reservado exclusivamente para la máxima autoridad comunal. La indagatoria apunta a una red de decisiones colegiadas y técnicas que permitieron la millonaria condonación. Junto a Chamorro, figuran como imputados:

• Cristián Pinto, exdirector jurídico de la época.

• Cuatro exconcejales que votaron a favor de la medida en 2020: Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes.

Uno de los flancos jurídicos que la defensa buscará explotar con fuerza es la posible prescripción del ilícito. Tal como explicó el abogado defensor penal privado, Andrés Cruz, gran parte de los involucrados dejaron sus respectivos cargos en 2024, un factor temporal que abre un debate crítico sobre los plazos de persecución penal imputados por la Fiscalía.

La estrategia de la defensa: Peritajes independientes y la arista civil

Lejos de un escenario de acuerdo o avenimiento, la defensa ha descartado categóricamente cualquier salida alternativa. El argumento central se sostiene en que la autorización otorgada por el Concejo Municipal al alcalde no fue un capricho administrativo, sino una decisión fundamentada en “informes de peritos independientes que manifestaban irregularidades en el cobro de derechos por parte de la municipalidad hacia una entidad empresarial”.

Como prueba de aquello, se recuerda que la propia Embotelladora Llacolén demandó civilmente al municipio denunciando cobros arbitrarios. De comprobarse judicialmente estas anomalías en la tarificación original, los defensores sostienen que se derrumbarían los argumentos de un eventual actuar defraudatorio esgrimidos tanto por la Fiscalía como por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Las próximas jornadas definirán si los tribunales acogen la tesis del fraude sistemático al Estado o si validan las defensas técnicas de una administración que asegura haber actuado bajo amparo pericial. Los ojos del Biobío están puestos en Coronel.