Durísimo golpe a la conectividad regional: Gobierno oficializa la revocación de las concesiones de los corredores de las rutas 160 y 150

A través de resoluciones de la Dirección General de Concesiones del MOP, el Ejecutivo dio por terminados los procesos para ambos anhelados proyectos viales. La decisión, empujada por el Ministerio de Hacienda, frena el modelo de asociación público-privada debido a restricciones presupuestarias a mediano plazo.

Tras meses de intenso debate político y técnico, el Gobierno central zanjó de manera drástica el futuro de la modernización vial penquista. Mediante resoluciones exentas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas —firmadas en septiembre y tramitadas a comienzos de octubre de 2026—, el Ejecutivo oficializó la revocación de las adjudicaciones y puso fin a las concesiones de los corredores de transporte público de la Ruta 160 y la Ruta 150 (junto a la Autopista Concepción–Talcahuano, Tramo II).

Licitadas originalmente a fines de 2024 y adjudicadas de forma preliminar al Consorcio Electro Cointer II (perteneciente a Grupo Azvi) entre diciembre de 2025 e inicio de 2026, los proyectos sufrieron un bloqueo definitivo desde la billetera fiscal.

El argumento de Hacienda: Presiones presupuestarias

La estocada final provino del Ministerio de Hacienda a través del Oficio Ordinario N° 1673, emitido el pasado 24 de julio. En el documento, el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, comunicó la decisión categórica de no continuar con los contratos.

El argumento central radica en que los corredores bajo la modalidad de concesión implicaban “compromisos fiscales por varios años, tanto por concepto de subsidios a la construcción como a la operación, y genera presiones adicionales sobre el gasto de mediano plazo que, en las condiciones actuales, no es posible absorber”. Con este respaldo, la DGC procedió a desestimar las ofertas únicas, revocar las adjudicaciones y ordenar la devolución de las boletas de garantía, cerrando formalmente la puerta a los contratos.

Un llamado regional desoído

La medida cae como un balde de agua fría para las autoridades locales de la Región del Biobío, las cuales protagonizaron un intenso despliegue político durante meses para evitar este escenario.

A mediados de agosto, la Comisión de Obras Públicas del Senado —en una sesión respaldada transversalmente por parlamentarios y alcaldes de la zona— había acordado solicitar formalmente al Ejecutivo la reconsideración de la medida. En dicha instancia, advirtieron sobre el grave impacto en la conectividad, la incertidumbre para la inversión privada y los retrasos históricos que significaría pasar los proyectos a una ejecución directa mediante la Dirección de Vialidad del MOP.

¿Cómo operaba el modelo?

Los proyectos se habían diseñado bajo un modelo de concesión inédito en regiones para la infraestructura vial urbana. A diferencia de las autopistas tradicionales, las empresas privadas no cobraban peaje directo a los automovilistas (ni Tag ni casetas), sino que funcionaban mediante un subsidio estatal diferido.

Bajo este esquema, un consorcio privado financiaba y construía las obras con créditos bancarios, mientras que el Estado se comprometía a pagar esa inversión mediante cuotas semestrales durante un plazo de 25 años, garantizando que el tránsito vehicular fuera completamente gratuito y asegurando su mantención. Ahora, el futuro de estas obras queda en absoluta incertidumbre bajo la vía tradicional de ejecución pública.