Ministerio Público pide claridad al Tribunal Constitucional por alcances de suspensión en caso Puerto Coronel

La Fiscalía Nacional ingresó una solicitud ante el Tribunal Constitucional (TC) para precisar el alcance real de la resolución que acogió a trámite el requerimiento de la defensa del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el marco del bullado caso Puerto Coronel.

El objetivo del ente persecutor es despejar las interpretaciones encontradas respecto a si la paralización decretada frena por completo el juicio o si, por el contrario, permite continuar con las diligencias programadas.

Las posturas en disputa

El conflicto jurídico escaló luego de que la defensa del jefe comunal —imputado por el delito de cohecho y que arriesga una pena de hasta 8 años de cárcel— argumentara que la resolución del TC paraliza por completo la causa judicial, impidiendo su tramitación normal mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Sin embargo, desde el Ministerio Público sostienen una lectura diametralmente opuesta. A juicio de la Fiscalía, los efectos de la determinación del TC se reducen exclusivamente a frenar la comunicación que el Juzgado de Garantía debe enviar al Servicio Electoral (Servel) para solicitar la suspensión provisoria del cargo del alcalde mientras se desarrolla el juicio.

Bajo este argumento, el fiscal regional del Bío Bío, Roberto Garrido, recalcó que la causa penal y las etapas procesales previas deben mantenerse en marcha. Por lo mismo, la Fiscalía insiste en que la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el próximo viernes 13 de noviembre debe llevarse a cabo en la fecha establecida.

Solicitud formal y equipo jurídico

Ante la ambigüedad del término “suspensión del procedimiento” decretado por el TC el pasado 28 de octubre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, formalizó la petición para que el tribunal aclare explícitamente que los efectos no alcanzan a la tramitación de la causa penal en sí.

En paralelo, para asegurar una representación sólida en esta contienda jurídica, el Ministerio Público designó un equipo de alta experiencia liderado por el director de la Unidad de Corte, Pedro Campos Muñoz, junto a los experimentados fiscales y abogados Xavier Armendáriz, Hernán Ferrera y César Bunger.

Se espera que en los próximos días el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento que destrabe el escenario judicial y defina el rumbo inmediato del proceso.