Una denuncia por «notable abandono de deberes y desacato a sentencia judicial firme» ha sido interpuesta ante la Contraloría Regional del Biobío contra el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coronel, Boris Chamorro Rebolledo. La acusación, presentada por el funcionario Hernán Cartes Acevedo, se basa en la flagrante omisión del edil de cumplir con un mandato judicial que ordena el pago de una millonaria deuda previsional. A más de un mes de la sentencia, el municipio aún no realiza el pago que el poder judicial le ordenó realizar.
Según la denuncia, la Ilustre Municipalidad de Coronel no cumplió con su obligación de pagar las cotizaciones previsionales de Hernán Cartes Acevedo. Como consecuencia, la Administradora de Fondos de Pensiones Capital (AFP Capital) interpuso una demanda de cobranza en su favor, la cual fue tramitada en el Primer Juzgado de Letras de Coronel bajo el Rol P-490-2023.
El 25 de junio de 2025, el tribunal dictó una resolución judicial firme, ordenando a la municipalidad, representada por el alcalde Chamorro, el pago de $71.353.408, más los reajustes, intereses y costas correspondientes. La resolución judicial fue explícita, instruyendo a la autoridad municipal a «dictar el correspondiente Decreto Alcaldicio de Pago» para saldar la deuda.
La denuncia de Hernán Cartes Acevedo sostiene que, a pesar de que la orden judicial es imperativa, el alcalde Boris Chamorro ha «omitido de manera inexcusable y deliberada su deber» de dictar el decreto de pago. Esta inacción no solo se califica como un «desacato flagrante a una resolución de un tribunal», sino que también perjudica de manera grave a Cartes Acevedo, impidiéndole regularizar su situación previsional.
La denuncia argumenta que la conducta del alcalde vulnera principios clave de la Administración Pública, como el Principio de Legalidad (al no someterse a una sentencia judicial firme) y el Principio de Probidad y Responsabilidad (al no cumplir con sus deberes como máxima autoridad comunal).
Además, se señala que la demora en el pago no solo es un «notable abandono de deberes», sino que también genera un perjuicio fiscal al acumular más intereses y recargos, que finalmente deberán ser cubiertos con fondos públicos.
